Se va el fuero a servidores públicos en la Ciudad de México

El pleno de la Asamblea Constituyente aprobó con 74 votos a favor y uno en contra la llamada eliminación del fuero para los servidores públicos de la Ciudad de México y quedará plasmado en el artículo 72, numeral 2 de la nueva Carta Magna.

Determinaron que los servidores públicos de la Ciudad de México no gozarán de fuero. En el artículo 72 de la Carta Magna de la ciudad se señala que “las personas servidoras públicas son responsables por los delitos que cometan durante su encargo” y continúa, “en la Ciudad de México nadie goza de fuero”. Al igual que el  procedimiento para el ejercicio de la acción penal que aplique en cada caso, tratándose de delitos del fuero común de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

Durante su aprobación, los legisladores aseguraron que esto tiene por objetivo evitar que los funcionarios públicos abusen de su posición política en un futuro, y es que por años esto ha permitido generar un ambiente de impunidad e injusticia.

En la redacción del artículo también se incluyó que los funcionarios de gobierno serán juzgados por “enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias o cualquier otro que implique malversación de recursos o deuda públicos”.

Cabe destacar que la Ciudad de México no es la primera que implementa esta acción, ya que en Jalisco ya se había aprobado en el Congreso local.

Asimismo, en la Constitución de la Ciudad de México quedará establecido que los legisladores locales de ninguna manera podrán ser reconvenidos ni procesados por las opiniones que manifiesten durante el desempeño de su cargo.

El proyecto del Constituyente se debe entregar a más tardar el 31 de enero para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

“Tiene mayoría calificada y por lo tanto incorpórese al cuerpo del artículo”, indicó Alejandro Encinas, presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente.

Las solicitudes de juicio político se presentarán ante el Congreso de la ciudad, el cual deberá de dictaminar el caso por voto de dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión, en un plazo no mayor a 30 días a partir de la solicitud.

El Congreso local deberá citar a comparecer al acusado para garantizar su derecho de audiencia. Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

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